
"Nosotros
no torturamos", afirmó George W. Bush. Era el 7 de noviembre último en
Panamá, al final de una gira de cinco días por América Latina, una
región largamente martirizada por regímenes dictatoriales -apoyados por
Washington- que practicaban masivamente las "desapariciones" de
sospechosos y la tortura. El presidente de Estados Unidos respondía así
a las recriminaciones formuladas por el diario The Washington Post (1)
contra los servicios de información estadounidenses, acusados de llevar
a cabo secuestros clandestinos de personas y torturas fuera de Estados
Unidos, en prisiones secretas llamadas "sitios negros".
¿Se
puede creer a Bush? La respuesta es no. ¿No había acaso afirmado, para
invadir Irak, que el régimen de Sadam Hussein estaba vinculado con la
red Al-Qaeda? ¿Y que Bagdad poseía "armas de destrucción masiva"? Dos
mentiras en nombre de las cuales Washington desencadenó una "guerra
preventiva" que costó la vida a decenas de miles de personas (entre
ellas, más de 2.000 militares estadounidenses).
Bush
no es de fiar. Menos aún sobre la cuestión de la tortura. Varios
informes, elaborados por instituciones que están más allá de toda
sospecha, como la Cruz Roja Internacional, Amnesty International o
Human Rights Watch (2), confirman que, desde los atentados del 11 de
septiembre, las autoridades estadounidenses ya no respetan, en su lucha
contra el "terrorismo internacional" (3), las Convenciones de Ginebra
sobre el trato debido a los detenidos, ni la Convención de las Naciones
Unidas contra la tortura.
La administración de Bush cambió las
reglas del juego al decidir, el día siguiente al 11 de septiembre,
instaurar tribunales de excepción y crear, fuera del territorio de
Estados Unidos -y, por ende, fuera de toda jurisdicción estadounidense-
la prisión de Guantánamo para encarcelar a "prisioneros del campo de
batalla" (calificación diferente de "prisioneros de guerra", lo que
impide el recurso a la Convención de Ginebra).
La
tesis neoconservadora del jurista Alberto Gonzales, ex asesor del
presidente y actual Attorney General (ministro de Justicia) es, de
algún modo, la siguiente: Estados Unidos no debe "debilitarse" por
respetar los derechos humanos. En dos informes remitidos en febrero y
agosto de 2002, Gonzales modificó el derecho relativo a la tortura.
Este término designa ahora, en Estados Unidos, sólo los actos "que
afecten irremediablemente a la integridad física de los prisioneros".
Más allá de este umbral, todo suplicio es legal.
¿Cómo
sorprenderse de que, desde diciembre de 2002, en la cárcel de Bagram,
Afganistán, la utilización de la tortura por parte del ejército
estadounidense se haya convertido en sistemática? Allí, los sospechosos
son "encadenados en sus celdas y golpeados con frecuencia", "lanzados
contra las paredes o las mesas", o reciben "patadas en la ingle y las
piernas", o se les vierte "agua en la boca hasta que se ahogan". Muchos
mueren (4).
Una
investigación dada a conocer por The New York Times (5), confirmó la
rutina de los tormentos infligidos por militares estadounidenses que,
en la mayoría de los casos, torturan a sus detenidos sin siquiera
interrogarlos... La investigación reconoce que las técnicas utilizadas
por los hombres del 519º batallón de información militar en Bagram les
fueron enseñadas en Guantánamo... Y que ese mismo batallón 519 ha
estado después a cargo de los brutales interrogatorios de la prisión
iraquí de Abu Ghraib.
Otras investigaciones revelan que la Central
Intelligence Agency (CIA) secuestra a sospechosos en todo el mundo -en
Alemania, Italia, Suecia y otros lugares- para entregarlos a países
amigos, como Arabia Saudí, Jordania o Egipto, donde pueden ser
torturados sin límites. Recientemente, algunos informes han demostrado
que la CIA disponía de una verdadera red de cárceles secretas en todo
el mundo -calificada por Amnistía Internacional de "gulag de nuestro
tiempo"-, algunas de las cuales estarían ubicadas en países de la Unión
Europea (¿Polonia?) y de Europa del Este (¿Rumanía?)
Además
de repugnante en los planos jurídico y ético, todo esto se revela como
desastroso para el prestigio moral de los estadounidenses en el mundo.
Como otras democracias enfrentadas a la amenaza del terrorismo, Estados
Unidos ve convertirse la cuestión de la tortura en un dilema político
central. En su debate con el vicepresidente Richard Cheney, defensor de
una línea dura, el senador republicano John McCain recordó que, dado
que existen sanciones que un gobierno democrático jamás debe infligir a
un ser humano, la grandeza de la democracia reside en su capacidad de
prohibirse recurrir a ciertas medidas de fuerza. La primera de ellas es
la tortura.